El pleno del Senado ha aprobado el proyecto de ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, tras haber rechazado con los votos mayoritarios del PP los cinco vetos y las 566 enmiendas presentadas por la oposición al conocido como "macrodecreto económico". El proyecto de ley, tramitado por el procedimiento de urgencia, queda de esta manera aprobado definitivamente al no haberse introducido ningún cambio en la Cámara Alta, con lo que en breve será publicado en el Boletín Oficial del Estado.

La norma contiene decenas de actuaciones propuestas por diferentes ministerios que avanzan en la liberalización del comercio, limitan las comisiones por los pagos con tarjeta, bonifican la contratación de jóvenes, reforman el sistema gasista, mejoran la competitividad de aeropuertos y puertos y bajan las retenciones fiscales a los autónomos con menores rendimientos, entre otras cosas.

Desde que fue aprobado, el "macrodecreto" ha contado con la crítica de la oposición que lo ha calificado de "cacicada, chapuza, barbaridad legislativa y aberración jurídica" por modificar a la vez varias leyes diferentes.

El senador del PP José Enrique Fernández de Moya ha pedido este miércoles a los grupos que retirasen esas descalificaciones y ha asegurado que el proyecto, procedente del decreto ley aprobado en Consejo de Ministros el 4 de julio, cumple con todos los requisitos establecidos por la Carta Magna y respeta la doctrina del Tribunal Constitucional.

En el transcurso de la tramitación, el PSOE, Izquierda Plural y UPyD llegaron a presentar ante el Constitucional un recurso por considerar que se incurría en una falta de respeto ante el Parlamento por modificar por decreto hasta 26 leyes, que afectan a 9 Ministerios. De los cinco vetos presentados, uno es del grupo socialista, dos de Entesa (PSC e ICV) y otros dos del Grupo Mixto (IU y ERC).

En la defensa de los vetos, el senador socialista Francesc Antich ha lamentado que el Gobierno recurra a la legislación de urgencia de forma ordinaria y ha recordado que ningún gobierno lo ha hecho en la misma proporción (55 decretos en lo que va legislatura). Antich ha calificado de "inaceptable" que se recurra a decretos "omnibus", ha asegurado que éste vulnera la Constitución y ha hecho hincapié en que esta fórmula hurta el debate parlamentario.

El senador popular José Enrique Fernández de Moya le ha respondido que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero sacó 117 decretos leyes en 8 años frente a los 106 del Ejecutivo de Aznar y los 104 del gabinete de Felipe González.

El senador del Grupo Mixto Jesús Enrique Iglesias ha expresado el rechazo absoluto al decreto, que ha calificado de "paradigma" de la actividad legislativa del PP, pero también de "auténtica olla podrida, la olla de los poderosos". Además ha criticado que se tramite por el procedimiento de urgencia cuando algunas medidas se implantarán en 2015 y otras incluso más allá, en 2017.

El senador de ICV Jordi Guillot ha asegurado que con este decreto "el Gobierno ha perdido el pudor parlamentario y el pundonor legislativo", mientras que el senador del PSC José Montilla ha justificado el veto en cuestiones de "forma y fondo", pero también ha criticado la nula predisposición del PP a aceptar enmiendas. "¿Todas las enmiendas son un disparate?" se ha preguntado Montilla que ha acusado al grupo popular de imponer el "rodillo parlamentario".

La senadora del grupo vasco Eugenia Iparraguirre ha señalado que su grupo no ha presentado ningún veto en aras a conseguir algún acuerdo, aunque ha dicho que coincidía con quienes han pedido la devolución del proyecto ante la falta de democracia parlamentaria mostrada por el PP. En el mismo sentido se ha manifestado CiU, que tampoco ha presentado veto, si bien su senador Ramón Arturo ha dicho que, dado que la norma no iba a ser enmendada, apoyaba los vetos del resto de grupos.