El alcalde de la ciudad mexicana de Iguala y su esposa y el secretario de Seguridad fueron acusados este miércoles por la fiscalía de inducir la represión de estudiantes el 26 de septiembre que causó 6 muertos y 43 desaparecidos, un caso por el que miles de ciudadanos se manifestaron este martes en varias ciudades.

Sobre el alcalde, José Luis Abarca; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y el secretario de Seguridad local, Felipe Flores, ya se han emitido órdenes de captura, dado que se desconoce su paradero, dijo el fiscal general de México, Jesús Murillo.

Precisamente, el ayuntamiento de Iguala fue incendiado tras la multitudinaria marcha convocada para exigir la aparición con vida de los estudiantes.

Casi un mes después de aquella jornada en la que murieron seis personas y 25 resultaron heridas tras varios ataques lanzados por policías locales, comenzaron a descifrarse las incógnitas de este suceso, que este miércoles volvió a sacar a las calles a miles de mexicanos que exigen justicia.

El fiscal general explicó en una conferencia de prensa que los autores intelectuales de lo sucedido aquella noche son el entonces alcalde, su esposa y el secretario de Seguridad, Felipe Flores.

Abarca, quien fue separado de su cargo el pasado día 17 por el Congreso del estado de Guerrero, está en paradero desconocido desde dos días después de lo sucedido, cuando se presentó a la prensa para decir que él no tenía nada que ver porque estaba "en un baile".

Aquella noche la primera dama local tenía un acto público en el que su marido estaba presente y este recibió el aviso de su secretario de Seguridad de que un grupo de estudiantes de la conflictiva escuela Normal Rural de Ayotzinapa estaba aproximándose al municipio.

Ante el temor a que sucediera algo similar a lo acontecido en junio de 2013, cuando un grupo de estudiantes de Ayotzinapa se sumó al ataque al ayuntamiento protagonizado por campesinos, Abarca dio la orden de reprimirlos, aparentemente sin saber que los alumnos solo acudían al municipio para pedir dinero para financiar sus actividades diarias.

Un alumno de la escuela Normal (dedicada a la formación de maestros de primaria) confirmó a Efe que sí participaron en estos hechos violentos de 2013 en solidaridad con un grupo campesino, aunque entonces desconocían que Abarca estuviera tan relacionado con el crimen organizado.

Lo sucedido la noche del 26 de septiembre ha podido saberse gracias a la detención de 52 personas: policías de Iguala y del vecino municipio de Cocula, así como delincuentes del cártel de los Guerreros Unidos, incluido su líder, Sidronio Casarrubias.

Las declaraciones de este último, dijo el fiscal general, han servido también para descubrir que el crimen organizado estaba completamente infiltrado en el ayuntamiento, que recibía del cártel de manera regular entre 116.000 y 174.800 euros.

Pineda, familiar de dos integrantes del cártel, era la encargada de distribuir este dinero con la complicidad de su esposo y de Felipe Flores, afirmó Murillo, quien añadió que ya se solicitaron órdenes de aprehensión de los tres.

Cada mes, al menos 35.000 euros eran destinados al control de la policía local y los propios miembros del cártel eran quienes decidían sobre los nuevos ingresos a la corporación, añadió.

Aunque ya hay medio centenar de detenidos, faltan las piezas clave.

Y es que los estudiantes, tras ser atacados y detenidos, fueron llevados en patrullas a la comisaría y después trasladados por un camino al cerro de Pueblo Viejo, controlado por un lugarteniente de los Guerreros Unidos de nombre "Gil", según las autoridades.

Este avisó a Casarrubias de los hechos de violencia, pero los atribuyó a "un grupo delictivo contrario".

Por ello, el líder del cártel avaló "las acciones para la defensa de su territorio en Iguala", dijo el fiscal, quien recordó que esa banda se disputa varias zonas de

Guerrero con Los Rojos, ambas escisiones del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

En este mismo cerro de Pueblo Viejo es donde han sido halladas nueve fosas con 30 cuerpos y es aquí donde se le pierde la pista a los 43 estudiantes desaparecidos.

Las pruebas de ADN realizadas a partir de muestras tomadas por la fiscalía de Guerrero revelaron que los restos no corresponden a los jóvenes, pero ante la posibilidad de "un error" las autoridades están a la espera de los resultados de las muestras tomadas por peritos argentinos.

Pese a los avances en las investigaciones y en el móvil de este suceso, la principal reclamación de la sociedad mexicana es que se descubra el paradero de estos 43 jóvenes estudiantes de magisterio.

Por ello este miércoles miles de personas se reunieron en distintas ciudades de México para expresar su solidaridad con las familias y exigir al Gobierno que intensifique las labores de búsqueda.

En la marcha multitudinaria realizada en la propia ciudad de Iguala un grupo de maestros y estudiantes incendiaron el ayuntamiento en que trabajaba Abarca.

En la capital mexicana, unas 25.000 personas, en su mayoría vestidas de blanco, marcharon e iluminaron esta noche con antorchas y velas las calles de la Ciudad de México en apoyo a los 43 jóvenes desaparecidos.

Además de las marchas, centenares de escuelas se declararon este miércoles en huelga para unirse a las protestas por estos hechos violentos y exigir la aparición con vida de sus compañeros.