La investigación de la compra de cinco cuadros por parte de la Fundación Plaza y del Gobierno PSOE-PAR se centra ahora en el exviceconsejero de Obras Públicas, Carlos Escó. El Grupo de Blanqueo de Capitales de la Jefatura Superior de Policía en Aragón investiga si pudo beneficiarse de esta operación cultural que tuvo un coste al erario público de 13,6 millones de euros.
Según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, las pesquisas tratan de averiguar si Escó se benefició de descuentos en la compra privada de cuadros en la galería Caylus, la misma en la que se adquirieron los lienzos que están ahora en cuestión por si el precio de los mismos fue desorbitado, tal y como señalaron los denunciantes, Apudepa.
La figura de Escó sale a la luz debido a que ostentaba el cargo de consejero delegado de la Plataforma Logística de Zaragoza y era el número dos de esta fundación multifunción --su objeto social era promover desde la cultura, la ciencia o el deporte--. Asimismo, es el esposo de la entonces consejera de Cultura, Eva Almunia.
Los expedientes señalan que este establecimiento marchante de arte actuó como intermediara en la operación de los cuadros de Goya --el retrato de Don Luis María de Borbón y Vallabriga y La escena con sangre entra-- porque no eran de su propiedad.
Junto a estas obras, el Gobierno de Aragón se hizo con un cuadro de Lucas Jordán, Céfalo y Procris ante Diana, y dos del artista Corrado Giaquinto, El triunfo de la Eucaristía y La Virgen con el niño en el cielo rodeada de santos. La propiedad de todas ellas era de la galería situada en la capital aragonesa.
DUDAS
En todos los lienzos hay dudas de que su precio fuera el real de mercado. El ejemplo más clamoroso es el del retrato del infante Borbón y Vallabriga que, según el Consejo Español de Peritos y Tasadores, no debería haber pagado por él más de dos millones de euros cuando entre Plaza y su fundación desembolsaron más de diez.
No obstante, hay tres informes que sí avalaron la compra, uno de ellos por el director del Museo de Zaragoza, quien admitió que el precio era elevado, pero a la vez "proporcional".
Esta situación es la que motivó que Apudepa, tras estallar el caso saqueo por la supuesta malversación de 80 millones de euros en Plaza, pusiera este asunto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por un posible delito de malversación de caudales públicos. Una irregularidad que dependerá de la investigación realizada por el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, quien también ha pedido a la Policía que rastree dónde está el dinero de esta operación realizada entre 2006 y 2008. En el caso está personado la actual DGA.
