MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) - En un auto dictado este viernes, el magistrado atribuye a Granados los delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y fraude. A Marjaliza le imputa todos estos delitos más los de utilización de información confidencial y falsificación documental. La resolución judicial, adoptada a petición de las fiscales Carmen García y María Teresa Gálvez, detalla que el exnúmero dos del PP madrileño es "titular de algunas de las cuentas de las que las autoridades suizas han informado que existe sospecha de blanqueo de capitales agravado". De igual modo, el juez considera que existen indicios de que "a lo largo de su carrera pública" el también exalcalde de Valdemoro habría beneficiado a Marjaliza y a otros empresarios como José Luis Huerta "en materia de contratación pública y urbanismo", de forma que tomó parte en "una red de tráfico de influencias que ha utilizado también en beneficio propio". La investigación, además, ha identificado diversas operaciones inmobiliarias que se sospecha que podrían haberse presentado como "contraprestación" de los empresarios beneficiados a cambio de las labores que habría desarrollado el exdirigente 'popular'. Granados, que ha declarado durante dos horas y veinte minutos, ha negado el cobro de comisiones ilegales a cambio de haber mediado en la adjudicación de contratos públicos y ha asegurado que la cuenta de Suiza que se le atribuye es en realidad de Marjaliza, quien se acogió a la amnistía fiscal, según fuentes de la defensa del exdirigente 'popular'. El empresario, por su parte, se ha acogido a su derecho de no declarar. En relación con Marjaliza, Velasco señala que es "el centro de una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonalizado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas", así como la "cabeza de un amplio entramado empresarial" que funcionaba como "núcleo de una organización criminal" cuya actividad estaba vinculada a "actuaciones administrativas". Titular de "algunas de las cuentas" que Suiza está investigando por blanqueo de capitales agravado, Marjaliza se dedicaba a conseguir "promociones urbanísticas, contratos públicos o concesiones administrativas" y se habría aprovechado de "sus amplias relaciones personales y políticas para lograr las adjudicaciones irregulares tanto para sus propias empresas como para terceros". A cambio, recibía "una comisión por su actuación". El juez también señala que el constructor creó "un complejo entramado empresarial para ocultar los beneficios de su actividad, tanto la lícita como la delictiva", al objeto de "evitar el control de las autoridades" y dificultar que los beneficios se identificaran con "las adjudicaciones públicas continuadas que recibe en aquellas administraciones donde actúa en concertación con autoridades públicas y funcionarios corruptos". Además, el juez ha dejado en libertad con comparecencias mensuales al guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, "responsable de la filtración" que hizo a Granados sobre la instalación de un vídeo de vigilancia en las inmediaciones de la empresa de Marjaliza. Este chivatazo puso "en grave riesgo la investigación" y dificultó "severamente" la marcha de la misma, según el auto. El agente, según el juez Velasco, también realizó "activas gestiones para obtener más información acerca de la investigación" a requerimiento del exsecretario general del PP madrileño y de su "amigo" José Luis Caro Vinagre, que fue imputado en 2009 por el supuesto espionaje a miembros del Gobierno madrileño. El magistrado también ha dejado en libertad a los empresarios Víctor Manuel Ortega Martínez y José Manuel Casado del Castillo, que tendrán un plazo de diez días para prestar sendas fianzas de 6.000 euros. Según el auto, ambos habrían mediado en varios pagos de 70.000 euros para lograr la adjudicación a Cofely de un contrato de eficiencia energética por parte del Ayuntamiento de Collado Villalba, por valor de 39,4 millones de euros. Para la materialización de estos cohechos se habría preparado "un sistema de facturas falsas" entre las empresas de Marjaliza y Cofely por "servicios no prestados" en el marco del contrato investigado.
