Uruguay tiene 625 menores privados de la libertad, la mayoría con más de 16 años

Seiscientos veinticinco menores, en su mayoría con más de 16 años de edad, se encuentran privados de libertad en Uruguay. a falta de cuatro días para un referéndum dirigido a bajar la edad de imputabilidad penal en el país.

La consulta se celebrará el domingo 26 de octubre, en paralelo a las elecciones legislativas y parlamentarias en el país, y, según las encuestas, un 54 % de los uruguayos está a favor de rebajar la edad de 18 a 16 años.

El director del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente de Uruguay (SIRPA), Jorge Gago, señaló hoy a Efe que son 625 los recluidos en la veintena de centros de esa institución, el último inaugurado hoy, con capacidad para 108 jóvenes.

El número de menores internados es “mucho menor en la franja de los 13 a los 15 años que de los 16 en adelante”, apuntó Gago.

Aunque la edad de imputabilidad penal está fijada en los 18 años, en Uruguay la ley permite internar, sin condena penal por medio y por un máximo de cinco años, a los delincuentes juveniles a partir de los 13 años.

La propuesta de bajar la edad de imputabilidad, para lo cual se precisa una reforma constitucional, es impulsada por el Partido Colorado y sectores del Partido Nacional, ambos opositores al Gobierno de José Mujica.

En 2012 se recogieron más de 350.000 firmas entre los ciudadanos para pedir que se sometiera a referéndum la iniciativa, como consecuencia de una creciente preocupación en el país por la seguridad y después de una serie de violentos crímenes que involucraron a menores de edad.

El director del SIRPA prefirió no pronunciarse acerca de los cambios que se producirían en los centros de este organismo si la ciudadanía diera un apoyo mayoritario a la rebaja de la edad penal.

En este sentido, Gago aseguró que el número de chicos y chicas que entran por primera vez en los centros descendió en los últimos dos años de 77 ingresos al mes “a los 45 ó 50” de ahora, como también cayó el número de menores que había cometido un homicidio, delito por el que se cumple el máximo periodo de internamiento, de cinco años.

De momento, en 2014 no se han registrado fugas en ningún centro, un motivo de satisfacción para Gago.

A su juicio, el trabajo de prevención policial o las medidas institucionales tomadas en los últimos años para evitar fugas fueron algunas de las claves de este cambio.

La infraestructura de los centros de seguridad a los que llegan los jóvenes que comenten delitos cuentan, además de con módulos con baño incorporado, con aulas, biblioteca, talleres, una policlínica, un gimnasio, una cancha para realizar deportes, además de espacios verdes y al aire libre para la recreación.

En su interior, en el que se establece un sistema de vigilancia a través de cámaras de seguridad en los espacios públicos, se vela por la formación de los internados, con clases de educación primaria y secundaria y formación en talleres.

Sin embargo, según matizó el director del SIRPA, cada vez son más los menores que mediante una autorización judicial consiguen permanecer en las instalaciones solo por la noche, pudiendo estudiar o trabajar en el exterior reintegrados en la sociedad.