La juez ha imputado a siete personas por un presunto delito de prevaricación que habrían cometido en la concesión de la mina de Aznalcóllar, entre ellas a la directora general de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía, María José Asensio. En un auto al que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 3 de Sevilla, Patricia Fernández, también cita a declarar como imputada a la letrada de la Junta Pastora Sánchez de la Cuesta y a un interventor de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, José Marcos Acosta.
Además, la juez ha llamado a declarar en septiembre, en calidad de imputados, a tres miembros de las comisiones técnicas y de la mesa de contratación, así como a una funcionaria del cuerpo superior de ingenieros de minas, cuyos testimonios considera imprescindibles para aclarar los datos que se han ido incorporando a la causa.
La iniciativa de la juez se produce después de la denuncia presentada por Emerita Resources España SLU, una de las dos empresas que accedieron a la fase final del concurso de la mina, resuelto por la Junta de Andalucía el pasado 20 de febrero en favor de la entidad Minorbis-Grupo México (filial de Magtel).
La juez cita como imputada a la directora general, que tendrá que declarar el 17 de septiembre junto a la letrada de la Junta, y al interventor, como responsable del procedimiento seguido en la resolución de la adjudicación de la explotación de los terrenos mineros y como firmante del decreto por el que se resuelve el concurso. Los otros imputados, que están citados el 24 de septiembre, son los miembros de la mesa de contratación Julio Ramos, que acudió en representación de la Consejería de Hacienda, y Alberto Fernández Bueno, jefe del área de Minas de la dirección general. Además, están citados como imputados el miembro de la mesa de contratación Juan José García Bartolomé, gerente de Inversiones en la Sociedad Gestora de Fondos Capital Riesgo, y Pilar Orche, funcionaria del Cuerpo Superior Facultativo de Ingenieros de Minas de la Junta y asesora técnica de ordenación minera.
En su auto, la juez también alude a las "interrogantes" relativas al plan de investigación de las empresas, que se hizo con distintos parámetros, y a las "incongruencias" en la valoración de los proyectos de explotación, evacuación de residuos y preservación de espacios protegidos.
PREVARICACION La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio de la Junta subrayó ayer que la juez que investiga la concesión de la explotación de la mina de Aznalcóllar limita su actuación a la resolución administrativa acordada, sobre un presunto delito de prevaricación, "sin que exista indicio de ninguna clase de corrupción".
Por su parte, el portavoz de Economía del PP en el Parlamento andaluz, Jaime Raynaud, ha exigido la "dimisión o cese inmediato" de la directora María José Asensio y ha puesto en duda la concesión "ejemplar" de la mina que defiende la Junta.
