MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -
Manuel Valera, hombre de confianza del cabecilla de la trama Luis García, alias 'Luigi', ha reconocido en el juicio Pretoria que acoge la Audiencia Nacional que trabajó para éste durante "cuatro o cinco años" con su empresa Construcciones Valera S.A y que fue administrador de algunas de sus sociedades aunque no fue socio y por tanto no tomó ninguna decisión en las operaciones urbanísticas. "Mi relación era exclusivamente administrativa", ha aseverado.
Valera, que se enfrenta a dos años y nueve meses de prisión por delito continuado de tráfico de influencia y que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha rechazado durante todo el interrogatorio cualquier implicación en la trama de corrupción urbanística que tuvo lugar entre los años 2001 y 2009 en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavanares y Badalona, y con la que se habría defraudado unos 45 millones de euros.
El Ministerio Fiscal apunta que Valera fue administrador de gran parte del entramado empresarial de 'Luigi' y que le auxilió "en el desarrollo de la ilícita actividad desplegada" en estos tres consistorios catalanes para "manipular las adjudicaciones públicas" de estas operaciones urbanísticas.
En relación a la operación 'Niesma' desarrollada en Sant Andreu, Valera ha reconocido que tuvo "participación societaria" en el proyecto de compra de dos fincas de San Andrés y cobró un ocho por ciento de comisión por su implicación del mismo, equivalente a unos 150.000 euros; pese a ello ha negado tener implicación directa en esta operativa ni haber influido en la comisión de urbanismo del consistorio.
Así también ha reconocido ante el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal que participó en la compraventa de unos terrenos junto al puerto deportivo de la localidad de Badalona aunque su intervención se limitó "exclusivamente" a su profesión, según ha precisado.
Valera, que ha prestado declaración el exconseller de Economía de Presidencia de la Generalitat Macià Alavedra,ha precisado a preguntas de su letrado que el dinero obtenido en las adjudicaciones de estos terrenos públicos fue declarado en Hacienda. "Totalmente", se ha limitado a responder.
SINGLA RECHAZA SOBORNOS A MUÑOZ
Por su parte, el empresario Josep Singla, presidente de Proinosa, ha asegurado que "nunca" pagó al entonces alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz, tras resultar adjudicataria su empresa en el concurso de la operación Pallaresa, aprobada en 2001 por el consistorio para la creación de un centro comercial, un hotel y un complejo de viviendas.
"Todas las obras que me adjudicaron fueron legales", ha dicho el acusado a preguntas de la fiscal Ana Cuenca, que pide para él once meses de prisión y multa de 1,5 millones de euros por delito continuado de tráfico de influencias. También ha negado conocer que su sociedad había sido la elegida para el proyecto antes de que se hiciera oficial, pese a que una grabación telefónica reproducida durante la vista recoge una conversación entre éste y 'Luigi' en la que hablan de que tienen información de que son los adjudicatarios.
En su escrito de conclusiones provisionales la fiscal Anticorrupción denuncia que vendió las 1.000 acciones que poseía a la sociedad Ard Choillle por 901.518 euros, mientras que el conseguidor de la trama vendió las cerca de 2.000 acciones a través de Tultar Corp también a dicha sociedad holandesa por 1.756.000 euros.
La Sala ha acogido la cuarta sesión de juicio oral que investiga la mayor trama de corrupción urbanística en la zona metropolitana de Barcelona en la que se habría defraudado unos 45 millones de euros entre los años 2000 y 2009 a través de tres operaciones desarrolladas en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llevaneres y Badalona.
El juicio se reanudará el próximo 18 de marzo con la declaración en calidad de investigado del otro hombre de confianza de Jordi Pujol junto con Alavedra, Lluis Prenafeta, para el que la Fiscalía pide seis años y diez meses de prisión y multa de 13,7 millones de euros y de su mujer Lluisa Mas.
Con ellos el tribunal cerrará la ronda de interrogatorio a los once encausados -cuatro de los cuáles han aceptado los hechos tras pactar con la Fiscalía-- en el marco de la trama Pretoria en la que se juzga además a ocho empresas como responsables civiles subsidiarias integradas en la red.
