La reforma del IVA en la justicia gratuita, el conocido turno de oficio, que promueve el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, va a provocar otro agujero más en las cuentas de la Generalitat. La Conselleria de Justicia y Reformas Democráticas que dirige Gabriela Bravo cifra en unos cinco millones de euros la afección a los presupuestos de la iniciativa planteada por Hacienda, que ya ha sido desacreditada, entre otros, por la Comisión Permanente de la Abogacía Española, que exige la suspensión inmediata de la medida.

Fuentes de la Conselleria de Justicia admiten preocupación por esta cuestión. El Consell se considera que incluso puede poner en peligro el turno de oficio. La Generalitat ha presupuestado para 2017 en el capítulo de justicia gratuita 22 millones, de forma que el 21% de ese dinero ronda los cinco millones.

Tras las numerosas quejas de los colegios de abogados y procuradores, el ministro respondió la semana pasada que el IVA no lo pagarían ni los abogados ni los usuarios de la Justicia gratuita, sino la administración competente, en este caso la Generalitat.

La conselleria ya ha hecho llegar las quejas al ministro de Justicia, Rafael Catalá, en un encuentro informal el pasado 6 de febrero en Valencia, y de nuevo en la reunión sectorial con el resto de autonomías celebrada ayer en Madrid para tratar sobre nuevos órganos judiciales. La conselleria ofrece dos argumentos. El primero, que el dinero que reciben los colegios de abogados para el turno de oficio es una subvención y no una contratación de un servicio, por lo que no se puede aplicar el IVA, y un segundo motivo más político: que la decisión de Hacienda supone una disminución de los fondos autonómicos que ahora se transferirán al Estado para cuadrar las cuentas de Montoro. Conselleria califica la iniciativa del Gobierno de «disparate».

En este marco, las Corts debate hoy en el pleno una proposición no de ley presentada por la diputada del PSPV Rosa Peris para que la cámara muestre su respaldo al turno de oficio y a la asistencia gratuita y apoye las críticas a la reforma del Gobierno. Peris recuerda que la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda ha cambiado un criterio asentado desde 1986 al declarar sujetas al impuesto del IVA al 21% las actuaciones de los profesionales designados de oficio.

La novedad está en que el beneficiario de la justicia gratuita tendría que abonar el IVA al 21%, pero ello, según la propuesta presentada por el PSPV, choca con la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita por lo que la prestación dejaría de ser gratuita. El ministro ya ha matizado que lo pagará la Administración competente. Según la diputada Peris en el caso de que se mantenga esta decisión se llegará «al absurdo» de que el IVA tendrá que ser abonado por las Administraciones Públicas, de forma que el 21% repercutirá en los fondos que la Generalitat destina a sostener el derecho de asistencia jurídica, lo que perjudica a la franja de población menos favorecida y a los profesionales del turno de oficio.

El PP ha presentado una enmieda a esta proposición no de ley para que las Corts respalden las medidas adoptadas por los colegios profesionales y para que se revise el criterio de la Dirección General de Tributos para que beneficiarios y profesionales de la asistencia gratuita no tengan que pagar ese impuesto, aunque en el texto evita apoyar que ese pago no recaiga en la conselleria.