La banca vende con fuertes descuentos los créditos de Ciralsa, la concesionaria que ha evitado el cierre de la carretera de peaje

Fomento tiene nueve meses para decidir cómo gestionará la vía una vez que pase a depender de una sociedad pública

El futuro de la segunda circunvalación de Alicante, la mayor inversión en carreteras de la historia de la provincia, está pendiente de la decisión de la Justicia. Los tribunales tienen que determinar si dan su visto bueno al plan del Ministerio de Fomento consistente en otorgar otros nueve meses más de prórroga a la concesionaria que explota la vía. Este periodo ha sido solicitado por el Gobierno para ganar tiempo y tratar de buscar una solución a la quiebra de la empresa, que se encuentra en fase de liquidación tras presentar un concurso de acreedores con un pasivo de 419 millones de euros. El cierre del peaje, de momento, se ha aparcado. Esta opción también provocaba daños colaterales. Y es que el cierre de la vía, que va desde El Campello hasta Monforte del Cid, afectaba de lleno a Aumar, la concesionaria de la A-7, al estar sus peajes conectados con la segunda circunvalación.

El objetivo de Fomento es cuadrar el círculo y encontrar la fórmula que sea menos gravosa para las arcas públicas. En virtud del pliego de la concesión, la Administración central está obligada a asumir la responsabilidad patrimonial que figura en el contrato con la concesionaria, participada por ACS, Abertis y Globalvía. Esa responsabilidad se cifra en 398 millones, un dinero que debería pagar Fomento de su bolsillo para cumplir con los acreedores. La duda inicial del Ministerio radicaba en si el coste de afrontar esta responsabilidad patrimonial era más elevada que quedarse y gestionar la segunda circunvalación. Los responsables ministeriales tienen que claro que es más barato empezar a gestionar la carretera. Entre otros motivos porque la cuantificación de esa responsabilidad patrimonial administrativa se sabe cuándo no empieza pero no cuándo acaba. Es decir, esos 398 millones es un cálculo a la baja y que figura en el pliego, pero a esa cantidad habría que sumar otras, como la cuantificación de las obras pendientes y las amortizaciones, de forma que el montante final podría dispararse y acabar en los tribunales.

Asimismo, algunos bancos acreedores se han quitado de encima buena parte de la deuda de Ciralsa que acumulaban en sus balances y que dieron casi por perdida. Por ello, la mayor parte de las entidades (Sabadell, Espirito Santo, Caixabank y Bankia) vendieron sus créditos de Ciralsa a fondos de inversión especializados en este tipo de operaciones.

Estos inversores compran esos créditos pendientes de pago con descuentos cercanos al 70%. Confían en obtener un considerable rendimiento bien a través del pago de la responsabilidad patrimonial del Estado, o bien a través de un posible acuerdo con el Gobierno para la refinanciación de la deuda.

Precisamente ayer el ministro íñigo De la Serna anunció que se reunirá con los fondos de capital riesgo que han comprado parte de la deuda del grupo de autopistas de peaje en liquidación en el marco de su intento de acordar un plan de reactivar estas vías, informa Europa Press. Este planteamiento pasa por conseguir una quita del 50% de la deuda e integrar las concesiones en la sociedad pública estatal Seittsa. El pasivo restante se titulizaría en un bono a 30 años con un interés del 1%.

Con este panorama, Fomento tendría hasta el mes de junio para tomar una decisión. Llegado el 1 de julio, el departamento de Serna tendría vía libre para coger las riendas del peaje, lo que conlleva el mantenimiento o corte de todos los contratos vigente de Ciralsa, entre los que se encuentran los 57 trabajadores de la compañía.