Como en aquella célebre película del día de la marmota, «Atrapado en el tiempo», los afectados por la cláusula suelo se vuelven a levantar cada semana sin saber muy bien que hacer para recuperar lo pagado de más por haber sufrido en silencio durante años el grave abuso perpetrado por varias entidades bancarias (BBVA, Caixa, Sabadell, Bankia,?) que consiguieron hacerle pagar al españolito de a pie un recibo mensual singularmente inflado por esta condición fraudulenta, que impedía que los tipos de interés de su préstamo hipotecario bajaran, aunque el tipo de interés sí bajara en el mercado.

Como se puede apreciar, esta pícara maniobra de los bancos no solamente era francamente lesiva para los consumidores, desde una óptica de un Estado de Derecho, decididamente favorable a la protección de los mismos, sino que también era una práctica bancaria completamente adversa a la libertad de mercado, pues a los desgraciados firmantes de tal cláusula suelo, se les impedía que pudieran beneficiarse de las previsibles bajadas de los tipos de interés, o precio del dinero en el mercado, desde el momento de rubricar estos préstamos. Por lo que obviamente, esta cláusula suelo es contraria por completo tanto a una visión socialdemócrata de la economía cuanto también a una plenamente liberal de la misma, pues en definitiva supone tanto un atentado contra el bienestar de los sufridos usuarios de la banca, cuanto una alteración indeseable del mercado, al intentar que un contratante no pueda gozar del verdadero valor del precio del dinero, o interés derivado del mismo, según éste se de o fluctúe realmente en el mercado.

Fijado pues el carácter a todas luces indeseable de tal trampa o artificio, actualmente, además, al Reino de España no le queda otra que acatar la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del pasado 21 de diciembre de 2016, pues a ello viene obligado por los Tratados de la Unión Europea en consonancia con nuestra Constitución. Y es por ello, que los bancos que incurrieron en esta añagaza, sin duda alguna habrán de devolver los excesos cobrados de más y desde el primer día.

A unas empresas solventes que conocen el derecho, en este caso los bancos afectados, no les queda otra que cumplir con esta Sentencia europea, fuente de derecho per se, según nuestro Código Civil y nuestra Carta Magna, que no necesita, pues, de ninguna normativa más; llamen pues estos bancos infractores a los afectados y calculen lo que les han cobrado fraudulentamente y en justa consecuencia procedan sin más a devolverlo, eso sí con los correspondientes intereses legales de dicha cantidad. Y punto pelota.

Después con ese dinero el afectado podrá hacer lo que le plazca: dedicarlo a amortizar su préstamo, o irse sin más a las Bermudas.

Por tanto, la normativa del Gobierno esta completamente de más, ya que de no querer ese cumplimiento voluntario, o si el banco aprovechado pretende un cumplimiento insuficiente o retorcido, para eso están nuestros Juzgados y Tribunales- con aquilatada experiencia ya en hacer devolver a los bancos infractores los cuantiosos daños causados por preferentes, subordinadas, acciones Bankia, estructurados, swaps, valores Santander, hipoteca multidivisa- que también en este caso sabrán aplicar esta justa y diáfana sentencia del TJUE, ordenando sin duda devolver desde el primer día lo cobrado de más a estas víctimas.

Ante la sencillez y claridad de todo ello, nos encontramos que esta normativa sobre supuestamente la forma en que los bancos habrán de cumplir esta justa y simple sentencia europea sólo puede crear disfunciones o injusticias añadidas, tal y como nos tememos, y que al fin busque perjudicar de nuevo a los contribuyentes: sí, a los contribuyentes, víctimas además de este trampantojo, que desde siempre sostienen y pagan puntualmente los sueldos de todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros, que jamás veló por que cesara este grave abuso.

Por eso, lo más simple y aconsejable en derecho es que el presidente del Gobierno convoque una rueda de prensa y pida perdón por permitir a sabiendas que durante años se les estuviera engañando gravemente, a casi el 10% de la población española y acto seguido, se dirija a los bancos para que sin más acaten la sentencia.