Anuncian demanda contra Alcaldía de Puerto por proyecto de Ciudad Mallorquín

De acuerdo con el abogado administrativo y constitucionalista, Roberto Tapia Ahumada, este proyecto representa un “grave” problema ambiental y de movilidad para la zona cercana en donde se ejecuta, afectando –según dijo– la comunidad académica de diversas universidades ubicadas en este sector, además de la comunidad que posiblemente adquiera una vivienda en el complejo habitacional multiestrato.

Aseguró que existen indicios alrededor de la posible nulidad de la licencia de construcción expedida para el desarrollo proyecto, debido a que no cumpliría con las “calidades” de acuerdo con la normatividad.

“En Puerto Colombia sucede algo muy extraño, la obligación legal es que existan por lo menos dos curadores y solamente existe un curador. Eso significa que si Planeación da licencia de construcción, no tiene una segunda instancia y por lo tanto es nula”, explicó.

Indicó que con la acción popular buscan, además de que se impongan medidas cautelares, en primera instancia, resolver la responsabilidad administrativa en la expedición de la licencia de construcción sin, al parecer, contar con un estudio de movilidad para ello.

“Una acción popular no busca cuestiones indemnizadoras, no estamos buscando plata. Lo que busca es parar un daño contingente”, expresó el abogado, quien manifestó que se encuentran recopilando todas las pruebas documentales y testimoniales para presentar el recurso legal.

Buscará –según mencionó– que la demanda sea tramitada en el Tribunal y no en los juzgados.

“Vamos a incluir dentro de la demanda, muy probablemente, al Ministerio del Transporte para que pase al Tribunal Administrativo de Atlántico y, en segunda instancia, la conozca el Consejo de Estado. Adicionalmente, vamos a pedir unas medidas cautelares para que se pare la construcción hasta que se demuestre todos los problemas de movilidad y medio ambiente que puede representar ese tipo de proyectos”, anotó.

Tapia refirió casos conocidos como los proyectos de Caribe Verde y Alameda del Río, en Barranquilla, que actualmente padecen problemas de movilidad por no haber  –según dijo– tenido en cuenta estos aspectos. 

“Ahora el alcalde le tocó anunciar la inversión, que sale de nuestros impuestos, para construir puentes elevados para mitigar el  problema de movilidad en esas unidades residenciales, cosa que debió hacer la constructora al momento en que solicitó la licencia. Eso es lo que no queremos que pase acá en donde se construye Ciudad Mallorquín, porque al final pagamos todos con  nuestros impuestos”, apuntó.