Bangladesh ahorca a otros dos políticos opositores por la guerra de 1971

Dos destacados políticos opositores fueron ahorcados esta madrugada de manera sincronizada en Bangladesh, después de que el presidente del país rechazara una petición de clemencia por su condena a muerte en relación con crímenes cometidos durante la guerra de 1971.

El secretario general de la formación islamista Jamaat-e-Islami (JI), el exministro Ali Ahsan Muhamad Mujahid, y Salauddin Quader Chowdhury, exdiputado por la principal fuerza de la oposición, el Partido Nacionalista (BNP), murieron ejecutados en la Prisión Central de Dacca a las 00.55 hora local (19.55 del sábado), informaron medios locales.

La muerte de Mujahid y Chowdhury eleva a cuatro los condenados, todos líderes islamistas excepto Chowdhury, que han sido ahorcados en relación con este proceso de revisión de la memoria histórica iniciado hace un lustro por la actual primera ministra, Sheikh Hasina.

Horas antes de su fallecimiento, ambos políticos opositores supuestamente admitieron sus crímenes y solicitaron clemencia, una opción a la que de momento no se había acogido ningún condenado, aunque el presidente bangladesí, Abdul Hamid, declinó expeditamente la solicitud tras consultarlo con Hasina.

Los cuerpos sin vida de Mujahid y Chowdhury fueron entregados a sus familias, que los enterraron esta mañana en una aldea del distrito central de Faridpur y la ciudad portuaria de Chittagong, respectivamente, según el rotativo Dhaka Tribune.

El sexagenario Mujahid había sido condenado por planificar una masacre de intelectuales bengalíes al frente de una milicia de apoyo al Ejército de Pakistán, del que Bangladesh era la región oriental y del que se independizó tras el conflicto de 1971.

El secretario general de JI es el primer ejecutado que había servido como ministro en un gobierno bangladesí; ocupó entre 2001 y 2006 la cartera de Bienestar Social en el Ejecutivo liderado entonces por el BNP de la actual líder opositora Khaleda Zía.

Chowdhury, de una edad similar a Mujahid, pertenecía a una familia muy influyente, y fue condenado por delitos de genocidio, asesinato de líderes de la gobernante Liga Awami y ataques contra miembros de la minoría hindú.

El político había sido diputado en numerosas ocasiones y asesor en un gobierno de Zía y, de hecho, fue arrestado en 2010 cuando todavía ocupaba su escaño.

Jamaat-e-Islami, que puso en duda que su líder pidiera clemencia, ha convocado una huelga general (hartal) a partir de mañana lunes para protestar contra la ejecución, mientras que el BNP, alejado desde hace tiempo de Chowdhury, no ha emitido ninguna reacción por el fallecimiento de su exdirigente.

Desde que el pasado miércoles el Tribunal Supremo rechazara las apelaciones de los reos, las autoridades han dispuesto medidas adicionales de seguridad como el despliegue de fuerzas del orden en Dacca y Chittagong o el bloqueo de las redes sociales Facebook, Viber y Whatsapp.

Los procesos judiciales, que se han saldado con más de una veintena de condenas a muerte y cadenas perpetuas de momento, han sido criticados por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW).

En un comunicado emitido el viernes, HRW denunció que el Supremo rechazó las apelaciones de los reos a pesar de que “había serias preocupaciones en torno a que los juicios hubieran sido justos” y pidió una “revisión independiente e imparcial de los casos”.

En los nueve meses que duró el conflicto de 1971, que en Bangladesh se conoce institucionalmente como “guerra de liberación”, murieron hasta tres millones de personas y cientos de miles de mujeres fueron violadas, según fuentes oficiosas, aunque algunos historiadores rebajan esas cifras.