La investigación judicial abierta contra Juan Polo sigue adelante. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte ha dispuesto la continuación de las diligencias previas por los trámites del procedimiento abreviado por si los hechos imputados al ex alcalde de Cartaya fueran constitutivos de un presunto delito de prevaricación administrativa, tráfico de influencias y contra la ordenación del territorio y urbanismo.

En un auto (con fecha 7 de mayo y notificado el pasado lunes) avanzado en la mañana de ayer por Huelva Información en su edición digital, el juzgado da diez días al Ministerio Fiscal y a las acusaciones para que formulen escrito de acusación, solicitando la apertura de juicio oral o bien el sobreseimiento de la causa, sin perjuicio de que “puedan solicitar excepcionalmente diligencias complementarias que consideren imprescindibles para formular acusación”.

Contra la resolución cabe interponer recurso de reforma ante el juzgado en el plazo de tres días, así como recurso de apelación en un plazo de cinco días a contar desde el siguiente día de la notificación.

En el auto se fijan los hechos que motivan la incoación del procedimiento abreviado y se indica que Polo, “en su condición de alcalde de Cartaya y a sabiendas de su injusticia, dejó de promover el inicio de las medidas pertinentes en vía administrativa para la restauración de la legalidad urbanística, o en su caso, expediente sancionador, en relación con las obras realizadas por él o personas de su entorno sin licencia en la finca de su propiedad situada en el paraje Valle de las Yeguas o La Vasca, a pesar de haber sido requerido fehacientemente para ello por la Fiscalía Provincial de Huelva en el marco de las diligencias informativas y al amparo de la Ley Urbanística”.

La parcela en la que se realizaron las distintas construcciones, “contraviniendo la legalidad vigente, presenta la clasificación de suelo no urbanizable especialmente protegido por legislación específica de protección de cauces y suelo no urbanizable de carácter natural o rural”. En esta segunda parte es donde se encuentran las edificaciones, las cuales fueron objeto de “declaración de asimilación a fuera de ordenación”.

Para garantizar la omisión de la tramitación de las correspondientes medidas o del posible expediente sancionador, se considera que “Juan Miguel Polo Plana pudo influir en los funcionarios integrantes del ente municipal, prevaliéndose del ejercicio de las facultades de su cargo y de la situación derivada de su relación personal o jerárquica”.

El exalcalde de Cartaya presentará esta semana un recurso de apelación

Según ha explicado Polo, su defensa jurídica presentará un recurso de apelación al entender que los dos primeros delitos, el de prevaricaricación administrativa y el de tráfico de influencias, “están archivados y han prescrito”.

A su juicio, todo parte de “una denuncia de un afiliado del PSOE que en el año 2012, por una construcción en el campo, donde hay 1.200 viviendas diseminadas en el municipio de Cartaya, me denuncia cuando las construcciones estaban realizadas algunas desde el año 2004”.

Fuentes del PSOE han señalado a este periódico la preocupación de esta formación política por “la gobernabilidad y la estabilidad” de Cartaya a raíz del procedimiento contra el exregidor cartayero.

Las mismas fuentes han descartado realizar una valoración judicial del asunto, hasta que éste no quede resuelto, si bien han mostrado su inquietud por la situación que se ha creado, teniendo en cuenta además que falta por constituirse el Ejecutivo local con el reparto de concejalías.

En este sentido, el PSOE pregunta tanto al PP como a Ciudadanos qué actitud van a mantener a partir de ahora y en qué consiste el acuerdo de Gobierno formalizado.

Desde Ciudadanos se muestran partidarios de dejar que “la justicia siga su curso” y aseguran que será necesario esperar a una resolución final. Añaden que la formación naranja sigue manteniendo la misma postura manifestada hasta ahora con Polo y que continúa apoyando al PP al frente de la Alcaldía.