Moscú, 27 sep (EFECOM).- La aprobación hoy de la controvertida reforma de pensiones abre una etapa de incertidumbre política para el Kremlin, que ve cómo la oposición parlamentaria y también la radical, encabezada por Alexéi Navalni, aprovechan el creciente descontento social para ganar terreno.

"Esta ley no soluciona el problema. Tengo la impresión de que Putin ya no dirige el país. Le pintan una realidad, él se lo cree y hace como dirige. Se crea la ilusión de que manda, pero creo que él ya no dirige nada. Y, mientras, la burocracia hace lo que le viene en gana", aseguró hoy a Efe Ruslán Jasbulátov, expresidente del Parlamento ruso.

Tras tres meses y medio de acaloradas discusiones y multitudinarias manifestaciones de protesta, la Duma o cámara de diputados elevó hoy la edad de jubilación de 55 a 60 años para las mujeres y de 60 a 65 para los hombres, decisión rechazada por más del 80 % de los rusos.

"En nuestro país había 24 millones de pensionistas, ahora, contando también los militares retirados, hay 46,5 millones. Debemos pensar en ellos", afirmó Viacheslav Volodin, jefe de la Duma.

El Kremlin, el Gobierno y el partido oficialista insisten en que la reforma permitirá elevar las pensiones y mejorar el nivel de vida de la tercera edad, pero el problema es que son muchos los rusos que nunca disfrutarán de esos subsidios, según Jasbulátov, ya que la esperanza de vida en Rusia para los hombres es de 66 años.

En una decisión sin precedentes, Putin se dirigió a los rusos por televisión para calmar los exasperados ánimos de sus conciudadanos suavizando la ley, pero muchos analistas consideran que le salió el tiro por la culata y allanó el camino para una explosión social.

"La reforma es una tontería. No había que haberla hecho. Además, no era el momento. La economía está mal, no acabamos de superar la crisis. Los ingresos de la población no dejan de caer y ahora este regalo. Esto tendrá secuelas sociales, económicas y políticas", destacó Jasbulátov.

Desde el anuncio de la reforma, los comunistas y la oposición extraparlamentaria han sacado a la calle a cientos de miles de personas, mientras las encuestas muestran que un 77 % de los rusos estaría dispuesto a rechazar la reforma en caso de referéndum, una unanimidad sin precedentes en este país, y la mitad a salir a protestar.

El Gobierno se lo veía venir, ya que aprobó el plan "a escondidas", el mismo día que se inauguró en junio el Mundial de Fútbol, pero pocos esperaban que cometiera un error de cálculo que recuerda a las dos mayores crisis vividas por Putin desde que llegara al poder.

Las masivas protestas de los jubilados contra la supresión de beneficios sociales en 2005, que se produjeron justo después de que Putin prometiera por televisión que "mientras sea presidente no se tomará tal decisión", y las manifestaciones antigubernamentales contra el fraude electoral de 2011.

El partido del Kremlin, Rusia Unida, ya está pagando electoralmente un alto coste por la decisión. En las elecciones regionales del pasado 9 de septiembre perdió varios bastiones en la parte europea del país, en Siberia y en el Lejano Oriente ruso: Vladímir, Jabarovsk y Jakasia.

Como en 2011, las sospechas de fraude volvieron a perseguir a Rusia Unida. La comisión electoral tuvo que anular los resultados de los comicios a gobernador en la región de Primorie con capital en Vladivostok debido a las irregularidades.

Putin se vio obligado a entrar de nuevo en escena para frenar la sangría y nombró ayer un nuevo candidato de cara a la repetición de los comicios en Primorie, el popular gobernador de Sajalín, Oleg Kozhemiako.

La duda que tienen los analistas es si los comunistas aprovecharán el creciente descontento social, a lo que contribuye el doloroso impacto de las sanciones occidentales, para desafiar abiertamente al Kremlin.

En anteriores ocasiones, como en las protestas contra el fraude electoral, los comunistas se mostraron dispuestos a recurrir los resultados ante los tribunales, pero en el último momento pactaron con las autoridades una salida a la crisis.

El que no está dispuesto a pactar con el Gobierno es el líder de la oposición radical, Alexéi Navalni, quien intentó aprovechar la situación para repetir el éxito de las protestas contra el fraude y la corrupción.

No obstante, las autoridades decidieron cortar por lo sano y lo condenaron a un mes de cárcel por convocar una protesta ilegal y nada más salir de la cárcel esta semana volvieron a detenerlo y recibió otros 20 días de arresto.

El Kremlin espera así aplacar los encendidos ánimos de protesta contra la reforma, especialmente entre la juventud urbana, la nueva obsesión electoral de Putin, que ha iniciado con mal pie su último mandato presidencial.EFECOM